Cuando Pérez Jiménez violó su propia Constitución

Por: Rafael Simón Jiménez.- Quizás sean los dictadores, autoritarios, déspotas y tiranos los que más se hayan esmerado en la historia venezolana y mundial por sancionar y exhibir un texto constitucional, que aun cuando quede a su antojo atropellarlo, cumplirlo o violarlo, les sirve para barnizar de legalidad y darle un acomodo cosmetológico a la fuerza sobre la que se sostienen.

Es de José Tadeo Monagas la famosa frase de que “la Constitución sirve para todo”. Juan Vicente Gómez llegó a tener hasta siete constituciones que amoldaba a sus intereses y caprichos. En el caso de Pérez Jiménez, luego de burlar fraudulentamente los resultados de los comicios del 30 de noviembre de 1952, que daban una amplia y contundente victoria a Jovito Villalba y su partido URD, adulteró los cómputos y se adjudicó la mayoría de los escaños en la nueva Asamblea Constituyente, cuyo propósito fundamental sería elaborar una nueva constitución nacional.

Expulsados del país Jovito Villalba y la alta dirigencia de su partido, proscritos AD y el Partido Comunista, y consumado un golpe de Estado contra la soberanía popular, Pérez Jiménez se hizo designar presidente provisional de la República y, de seguido, el 9 de enero de 1953 se instaló la constituyente espuria, cuyo quórum fue completado con esbirros de la tenebrosa Seguridad Nacional, y con diputados suplentes tránsfugas de COPEI y URD, quienes además de ratificar al déspota como “presidente provisorio”, se encargaron de redactar la nueva carta magna de la República.

El parto jurídico de aquella fraudulenta constituyente fue la carta magna de 1953, que por primera vez habló de República de Venezuela, afirmando el carácter unitario y centralista de su concepción del Estado. Lo que no pudo modificar el nuevo texto jurídico fue la elección por votación universal, directa y secreta del nuevo jefe de Estado que consagraba su antecesora, la Constitución de 1947, y en su artículo 104 ratificó la elección popular del jefe de Estado. El espurio mecanismo constituyente cerró sus sesiones confiriéndole al déspota de Michelena el pomposo título de “presidente Constitucional de Venezuela” y designando igualmente a todos los funcionarios de representación popular, incluyendo los senadores y diputados al nuevo Congreso Nacional.

Transcurridos cinco años de dictadura, el jefe del poder se encontró a mediados de 1957 en una disyuntiva para prolongar su estadía en el poder: debía, conforme al mandato del artículo 104 de su propia Constitución, someterse a elecciones directas, universales y secretas, lo que implicaba competir con los candidatos que se postularan para la primera magistratura nacional, y ante esa eventualidad, Pérez Jiménez recordaba con justificado temor el fiasco que se había llevado el 30 de noviembre de 1952, cuando perdió las elecciones por amplio margen.

Ante los temores y las dudas, el sátrapa se decantó por violar su propia Constitución, anunciando al país que en vez de las elecciones generales que ella expresamente preveía, se realizaría un plebiscito –fórmula desconocida, exótica y abiertamente inconstitucional– que se reducía a expresarse con un sí o un no frente a su aspiración de continuar en el poder, sin que existieran otros candidatos y sin que se estableciera qué consecuencias tendría que ganara el voto negativo.

Ante lo descarado y grotesco de la violación a la Constitución, la Junta Patriótica, mecanismo de coordinación del esfuerzo de resistencia al régimen que agrupaba un amplio frente de fuerzas políticas y sociales disidentes, inició una campaña de opinión pública donde denunciaba el atropello a la Constitución; lo furtivo y riesgoso de la actividad clandestina hacía que las pintas en las paredes solo tuvieran la mención “104” para denunciar el artículo violado de la carta magna.

En un comunicado clandestino, difundido por la Junta Patriótica, se hacía un llamado expreso a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden constitucional, con las siguientes palabras: “…La fórmula presentada por el grupo que está en el poder significa a la luz de los principios del derecho constitucional un nuevo golpe de Estado para la perpetuación indefinida de su dictadura, pisoteando brutalmente la Constitución y los derechos de los venezolanos y realizando la usurpación más burda en el transcurso de la historia nacional. Pero es más, la fórmula presentada representa el cese del llamado “gobierno de las Fuerzas Armadas” para entregar todo el poder en las manos de un grupo personalista encabezado por Marcos Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla Lanz afianzado en el cuerpo de Seguridad Nacional de Pedro Estrada. Ante esta situación, la nación se pregunta ¿Están las Fuerzas Armadas para amparar la violación de la Constitución o para defenderla? ¿O acaso es que el ejército ha de actuar en la forma servil como lo hace el congreso, integrado por hombres sin dignidad, ni conciencia patriótica?”.

Solo días después, las Fuerzas Armadas Venezolanas, atendiendo al llamado de su responsabilidad y misión profesional, se integraban al esfuerzo para derrocar la dictadura el 23 de enero de 1958. La violación grotesca de su propia Constitución le costó el poder a Pérez Jiménez.

*Por: Rafael Simón Jiménez @rafaelsimonjimenezm. Intelectual, historiador y político venezolano

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