La Constitución de Cádiz: ¡Viva la pepa!

La crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica

Especial. –  Por: Rafael Simón Jiménez. – La denominada «crisis de la monarquía española» comenzó con el Motín de Aranjuez, cuando el rey Carlos IV, muy cuestionado por los desafueros de su ministro Manuel Godoy, se vio obligado a abdicar el trono en favor de su hijo, Fernando VII.

Posteriormente, ambos monarcas, presionados por el poder militar de Napoleón Bonaparte, dueño de buena parte de Europa, fueron citados en la ciudad de Bayona, en la frontera franco-española. Allí tuvieron que resignar la Corona en favor de José Bonaparte, hermano del emperador francés.

Aquellos acontecimientos dieron inicio a la denominada Guerra de Independencia española, que se extendería durante varios años y en la que el pueblo español lucharía con bravura hasta expulsar al invasor.

El vacío de poder y el surgimiento de nuevas formas de gobierno

El vacío de poder generado por la ausencia forzosa de Fernando VII y de su padre sería ocupado por distintas formas de autogobierno surgidas en toda la península.

Estas iniciativas pretendían salvaguardar los derechos monárquicos, pero también estimularon la aparición de corrientes liberales. Muy influidas por las ideas de la Ilustración, buscaban, junto con la restitución del rey preso en Bayona, consolidar una serie de reformas.

El objetivo era permitir que el monarca coexistiera con formas de representación popular y establecer una nueva manera de relacionarse con el imperio colonial, donde ya eran numerosas las voces que rechazaban el absolutismo y la falta de libertades económicas y políticas.

Las Cortes de Cádiz frente a la ocupación francesa

El vacío provocado por la prisión del rey, la ocupación del ejército francés y la designación de un monarca considerado usurpador activó una fortísima resistencia armada contra el invasor.

Al mismo tiempo, surgieron diversas formas de gobierno provincial que coincidían en la defensa del rey legítimo. Sin embargo, existían divergencias sobre las instituciones llamadas a llenar provisionalmente aquel vacío y sobre la necesidad de crear un marco normativo que sirviera de fundamento a esas iniciativas.

Finalmente, el denominado Consejo de Regencia se inclinó por convocar unas Cortes Generales, que debían reunirse en Cádiz y en la Isla de León, territorios que permanecían fuera del control de los invasores franceses.

La soberanía popular frente al poder absoluto

Las Cortes convocadas se instalaron el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León. Se declararon depositarias del poder constituyente originario y representantes de la voluntad popular.

Además, asumieron las funciones de un poder legislativo que debía actuar como contrapeso y mecanismo de control del poder real. Aquello modificaba la tradicional concepción absoluta de la monarquía.

Al mismo tiempo, las Cortes reconocieron y proclamaron a Fernando VII como único y legítimo rey.

América y el debate sobre la representación colonial

Uno de los primeros y más polémicos asuntos que correspondió debatir a las Cortes de Cádiz fue el de la representación de las colonias españolas en América.

Hasta entonces, aquellos territorios habían permanecido marginados de los altos cargos dentro de la estructura del poder colonial. El debate concluyó con una formulación novedosa, que reconocía que los habitantes de esas posesiones de ultramar eran «libres e iguales en derechos a los de la propia península», integrantes de «una misma y sola nación» y de «una misma familia».

La redacción de la Constitución

Los diputados trasladaron sus sesiones de la Isla de León a la ciudad de Cádiz y, en medio de la apremiante situación que vivía España como consecuencia de la invasión francesa y de la persistente resistencia popular, se dedicaron de lleno a la redacción del texto constitucional.

El resultado se materializó en 384 artículos que establecían la organización y estructura del Estado, los derechos de los ciudadanos, la administración de justicia, el proceso de formación de las leyes y los métodos electorales.

Todo ello modificaba sustancialmente el poder absoluto del rey y apuntaba hacia una monarquía constitucional, basada en la división de poderes.

El monarca quedaba obligado, al asumir el cargo, a jurar ante las Cortes. Además, se introducía el revolucionario concepto de «soberanía nacional». Según el nuevo texto, la soberanía residía en la nación y no en el monarca.

Aquella formulación alteraba las bases mismas del Antiguo Régimen.

El nacimiento de «La Pepa»

El pueblo español, enfrascado en una dura lucha contra el invasor francés, acogió con júbilo el novedoso texto constitucional, que fue bautizado popularmente como «La Pepa».

De allí surgió la expresión «¡Viva la Pepa!», que se hizo común entre quienes celebraban la nueva Constitución.

Sin embargo, la Constitución de Cádiz tendría una duración efímera. El 11 de diciembre de 1813, luego de una larga y sangrienta lucha, se puso fin al dominio napoleónico y Fernando VII recuperó la libertad.

Ante aquella nueva realidad, las Cortes promulgaron, el 2 de febrero de 1814, un decreto mediante el cual exigían al monarca jurar el nuevo texto constitucional como condición para asumir plenamente el trono.

Fernando VII restaura el absolutismo

Sin embargo, los planes del monarca, envalentonado por el respaldo de los sectores monárquicos y conservadores, eran no aceptar ninguna disposición que limitara o condicionara sus poderes absolutos.

Por ello, el 4 de mayo de 1814 promulgó un decreto en el que condenaba la reunión de las Cortes de Cádiz y el texto constitucional aprobado.

Fernando VII declaró nula la Constitución y anuló todos los decretos sancionados por las Cortes. En el documento manifestó:

«…mi real ánimo es no solamente no jurar, ni acceder a dicha Constitución, ni a derecho alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas; declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor y efecto, y sin obligación de mis pueblos y súbditos, de cualesquiera clase o condición, a cumplirlos o guardarlos».

El fin de una primera experiencia constitucional

Terminaba así, al menos transitoriamente, la voluntad de quienes se consideraban representantes del pueblo español de transformar España en una monarquía constitucional.

El propósito había sido crear un sistema de controles y división de poderes que, a su vez, consagrara derechos y garantías en favor de los ciudadanos.

«La Pepa», la Constitución de Cádiz, aprobada en circunstancias tan dramáticas, había tenido una vida efímera frente a los embates del poder absoluto.

Por: Rafael Simón Jiménez (@rafaelsimonjimenezmelean)
Intelectual, historiador y político venezolano

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