El Gobierno de Perú oficializó este lunes el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia de Callao debido al aumento de la violencia. La medida, que tendrá una duración de 30 días, permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden.
El decreto supremo, publicado en la gaceta oficial El Peruano y firmado por la presidenta Dina Boluarte, establece que la Policía Nacional mantiene el control de la seguridad, con el respaldo de los militares en las zonas más afectadas.
Respuesta ante el crimen organizado
La decisión del Ejecutivo responde a la creciente ola de criminalidad que afecta a la capital peruana, donde en los últimos meses se han registrado secuestros, robos violentos y ataques con armas de fuego.
El caso que detonó la indignación ciudadana fue el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10. El autobús en el que viajaba fue atacado a tiros la madrugada del domingo, lo que generó un fuerte reclamo de seguridad por parte de la población y el gremio artístico.
«Es necesario reforzar la presencia del Estado en las zonas más vulnerables y tomar medidas contundentes para devolver la tranquilidad a la ciudadanía», afirmó un portavoz del gobierno.
Medidas y operativos en marcha
El decreto establece que la Policía Nacional determinará las áreas donde se requerirá el apoyo militar. Durante el estado de emergencia, se suspenden ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, para facilitar operativos contra organizaciones delictivas.
Desde el anuncio, se han intensificado patrullajes y operativos de control en puntos estratégicos de Lima y Callao, con el fin de reducir el accionar de bandas criminales.
Expectativas y reacciones
La declaratoria de emergencia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la intervención militar, otros advierten que no debe convertirse en una medida permanente sin atacar las causas estructurales del crimen.
Analistas consideran que el gobierno debe complementar estas acciones con políticas de prevención, fortalecimiento del sistema judicial y mejoras en la inteligencia policial para obtener resultados sostenibles en la lucha contra la delincuencia.
Vía EFE
