América Latina
Fiscalía de Ecuador pide 13 años de cárcel para Jorge Glas
El exvicepresidente ecuatoriano es acusado de malversar fondos destinados a las víctimas del terremoto de 2016. También se solicita una reparación de más de 225 millones de dólares.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó este domingo que se declare culpable al exvicepresidente Jorge Glas por presunto peculado durante el proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2016. El Ministerio Público pide una condena de 13 años de prisión, una multa económica y una reparación millonaria al Estado.
La acusación se basa en presuntas irregularidades cometidas con los recursos de la Ley de Solidaridad, creada para atender las zonas devastadas por el sismo que afectó gravemente a la provincia de Manabí.
Exigen reparación de más de 225 millones de dólares
Durante su alegato final, la Fiscalía solicitó también que Glas y el exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, paguen una multa de 70 salarios básicos unificados, que totaliza 32.900 dólares, y una reparación integral de 225.395.910,12 dólares, el monto del supuesto perjuicio al Estado.
El ente acusador señala que los fondos recaudados por la Ley de Solidaridad se habrían destinado a proyectos no prioritarios, entre ellos el Parque Las Vegas, el acceso al puerto de Manta y el redondel del Imperio-Colisa.
Glas se defiende: “No administré ni un solo dólar”
Durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, Glas rechazó los señalamientos:
“Yo no administré ni un solo dólar y este juicio se trata de peculado. No pude haber distraído fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración”, afirmó.
El exvicepresidente aseguró que su función consistía en priorizar proyectos, pero no en contratar ni manejar recursos directamente.
“Me estoy jugando la vida. La Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo”, añadió.
Obras en zonas no afectadas, pagos antitécnicos y beneficios particulares
Según la investigación, varias de las once obras analizadas no fueron construidas en zonas afectadas por el sismo. Además, una auditoría reveló pagos antitécnicos, como el cobro por hora de maquinaria en lugar de por volumen de trabajo.
La Fiscalía sostiene que los contratos, en lugar de atender necesidades urgentes de los damnificados, beneficiaron intereses particulares mediante contratos complementarios y mecanismos de fiscalización irregulares.
la Ley de Solidaridad y el terremoto de Manabí
El terremoto del 16 de abril de 2016 dejó más de 670 fallecidos y miles de damnificados. En respuesta, el gobierno creó la Ley de Solidaridad, que gravó temporalmente los salarios y otros ingresos para financiar la reconstrucción de infraestructuras públicas y privadas.
La normativa establecía que dichos recursos debían destinarse exclusivamente a las zonas más afectadas. Sin embargo, la Fiscalía afirma que se violaron estos principios.
La defensa de Jorge Glas insiste en que no tuvo responsabilidad administrativa sobre los recursos. No obstante, el Ministerio Público sostiene que como autoridad encargada de la reconstrucción, es responsable de las decisiones que habrían generado daño patrimonial.
El proceso continúa en la Corte Nacional de Justicia. De declararse culpable, Glas sumaría una nueva condena a su historial judicial.
Vía EFE
