El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, publicó este lunes en su red social X los requisitos constitucionales para declarar el estado de sitio en la provincia de Pataz, al norte del país. La región se encuentra bajo estado de emergencia desde hace un año, pero la violencia no cesa. La reciente masacre de 13 mineros reactivó la alarma sobre la presencia de mafias vinculadas a la minería ilegal.
Adrianzén difundió el artículo constitucional que regula los regímenes de excepción, como el estado de emergencia y el estado de sitio, este último aún no aplicado en la zona. La publicación ocurre tras la solicitud formal del gobierno regional de La Libertad, entidad que reclama medidas más drásticas para retomar el control territorial y erradicar las organizaciones criminales.
“El estado de sitio puede ser decretado en caso de guerra, invasión, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan”, explicó el primer ministro, citando la Carta Magna. Agregó que, si se aprueba, su duración no debe exceder los 45 días, y cualquier prórroga necesita aval del Congreso.
La Libertad exige acción inmediata
El domingo, el gobierno regional de La Libertad exhortó al Ejecutivo a declarar el estado de sitio en Pataz. Argumentó que esta medida es necesaria para enfrentar la creciente amenaza de bandas criminales que operan en torno a la minería ilegal. “La paz y la vida de los ciudadanos no pueden seguir siendo amenazadas por mafias criminales”, manifestó la autoridad regional en un comunicado.
Pataz se ha convertido en uno de los epicentros de la minería ilegal en Perú, una actividad que financia redes delictivas armadas y genera continuos enfrentamientos. La masacre reciente, en la que murieron 13 mineros, se suma a otros episodios de violencia ocurridos pese a la vigencia del estado de emergencia desde 2023.
El estado de sitio: una medida extrema pero legal
Según la Constitución peruana, el estado de sitio puede suspender garantías fundamentales. Su declaración recae en la presidenta Dina Boluarte y obliga al Congreso a reunirse automáticamente. Este régimen de excepción otorga facultades especiales a las fuerzas del orden para intervenir en zonas bajo amenaza extrema.
Aunque aún no se ha confirmado la aplicación de la medida, el mensaje de Adrianzén y la presión del gobierno regional indican que el Ejecutivo se encuentra en fase de evaluación. Hasta ahora, la violencia minera ha dejado decenas de muertos y mantiene en vilo a la población de Pataz.
Vía EFE
