El despojo de la Guayana Esequiba: la huella indeleble del colonialismo británico

Especial. –  Por: Rafael Simón Jiménez. – Uno de los actos de mayor rapacidad del colonialismo británico fue el despojo a una joven Venezuela de los 159.000 kilómetros cuadrados del territorio esequibo. La actitud deliberadamente agresora de la Inglaterra victoriana contrastó con la realidad de un país consumido por las guerras internas y el caudillismo. Estas circunstancias facilitaron la importante mutilación territorial que sufrió la nación, la cual aún espera por su legítima reivindicación.

Primeras protestas y la línea Schomburgk

La infiltración de colonos británicos en el espacio territorial venezolano comenzó en la década de los años veinte del siglo XIX, desde la denominada Guayana Británica fronteriza. El propio Libertador Simón Bolívar y el doctor Pedro Gual —entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia— enviaron comunicaciones de protesta a las autoridades inglesas por los actos de dominio en territorio nacional.

En 1840, el gobierno venezolano designó una comisión para que, junto a la nombrada por Inglaterra, se encargara de fijar los límites definitivos en el Esequibo. El jefe de los negociadores venezolanos fue el doctor Alejo Fortique, un diplomático probo, experto y eficiente que recibió instrucciones claras de la cancillería en cuanto a las aspiraciones nacionales en la zona. Por los británicos, llevaba la voz cantante el conde de Aberdeen, secretario del Foreign Office; sin embargo, en el terreno, el naturalista prusiano Robert H. Schomburgk se encargó de levantar un mapa que alteraba las viejas fronteras fijadas entre las potencias coloniales, pretendiendo dar fundamento a las ambiciones inglesas.

La advertencia olvidada de Alejo Fortique

Gracias a las gestiones que el negociador venezolano Alejo Fortique desarrolló diligentemente en Londres, se buscaron puntos de aproximación que resguardaran los intereses territoriales fundamentales de Venezuela, fijando como límite el río Esequibo y preservando las bocas del Orinoco, vitales para la navegación fluvial y atlántica. Sin embargo, la Corona británica fijó como condición que ese territorio no pudiera ser cedido a ningún otro gobierno extranjero.

Lo que aparecía como una cláusula imperial coincidía, en realidad, con lo que preveía la propia Constitución venezolana en materia de no enajenación de nuestro territorio. A pesar de esto, en el Congreso venezolano se produjeron agrios debates que concluyeron en el rechazo a la posibilidad de suscribir un tratado que hubiera obviado el despojo posterior. Fortique, consciente desde Londres de que lo alcanzado era el máximo posible frente al primer imperio del mundo, se desesperó y escribió al presidente Carlos Soublette con proféticas palabras: «… hay un momento en las negociaciones que si se deja pasar, no vuelve a presentarse». Su advertencia cayó en saco roto.

El laudo arbitral de París y la exclusión de Venezuela

La historia posterior estuvo marcada por el progresivo avance y la colonización del territorio esequibo por parte del Imperio británico, que nunca más se mostró dispuesto a negociar condiciones que salvaguardaran los intereses venezolanos. Mientras tanto, el país se debatía entre cambios de gobierno, guerras intestinas, calamidades y desgobierno, factores que contribuyeron a facilitar la voracidad inglesa. Venezuela protestó, reclamó y cursó notas diplomáticas, pero en el terreno perdía cada vez más territorio. El gobierno de Antonio Guzmán Blanco optó por romper relaciones con el Imperio británico, pero esta posición de dignidad no contribuyó a los reclamos territoriales.

Ante la indefensión, Venezuela intentó internacionalizar el conflicto informando del asunto a las demás cancillerías del continente. Finalmente, reclamó la mediación norteamericana invocando la Doctrina Monroe al considerarse agredida por una potencia extracontinental. El presidente Grover Cleveland asumió un papel mediador —que terminó siendo de tutor— y solicitó a Inglaterra un arreglo justo y pacífico de la controversia.

Así se firmó en Washington, el 2 de febrero de 1897, el Tratado de Arbitraje para someter la solución del asunto a dicho mecanismo. No obstante, Venezuela, parte fundamental del conflicto, fue excluida del tribunal arbitral. La defensa de sus intereses quedó a cargo de dos jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos que, junto a un jurista escogido por el rey de Suecia y Noruega y dos jueces británicos, se encargaron de dictar el laudo. La desamparada Venezuela dejaba sus intereses vitales en manos del entonces pujante imperio americano.

El fallo de 1899 y la revelación del fraude

El tribunal arbitral se reunió en París y, el 3 de octubre de 1899, dictó su fallo, en el cual se despojó a Venezuela de los 159.000 kilómetros cuadrados, logrando apenas salvaguardar las bocas del Orinoco. En el momento de emitirse el pronunciamiento que mutiló el territorio nacional, la precariedad interna de Venezuela era tal que prácticamente no existía gobierno: el presidente Ignacio Andrade había abandonado el territorio nacional escapando de las traiciones que amenazaban con liquidarlo, y Cipriano Castro, el audaz líder andino que al mando de una montonera había iniciado en mayo la Revolución Restauradora, convalecía en Valencia de una herida sufrida en la batalla de Tocuyito, con la cual había sellado el éxito de su empresa bélica.

Los entretelones de un fallo profundamente lesivo para los intereses de Venezuela se conocieron en detalle cincuenta años después. Tras la muerte en diciembre de 1948 del abogado norteamericano Severo Mallet-Prevost, miembro del equipo que representó los intereses venezolanos, se reveló un memorándum que denunciaba la conjura entre los dos árbitros ingleses y el presidente del tribunal, el ruso Federico de Martens. Actuando a favor del Imperio británico, amenazaron con despojar a Venezuela de las bocas del Orinoco si la sentencia arbitral no se producía por unanimidad, lo que motivó a los árbitros norteamericanos a ceder para salvar al menos estas desembocaduras vitales. Esta historia de presiones, chantajes y actuaciones prepotentes vició de nulidad una sentencia infame.

El Acuerdo de Ginebra y la diplomacia contemporánea

Gracias a los detalles del Memorándum de Mallet-Prevost, los gobiernos venezolanos pudieron iniciar, a partir de 1950, acciones diplomáticas a favor de la nulidad y revisión del fallo. Esto fructificó en el Acuerdo de Ginebra, suscrito entre Venezuela y el Reino Unido el 17 de febrero de 1966, justo cuando se estaba a punto de conceder la independencia a la que sería la República Cooperativa de Guyana. En dicho documento, las partes se impusieron la búsqueda de una solución pacífica a la controversia, reconociendo el derecho de Venezuela a reclamar la nulidad del laudo y a defender sus derechos territoriales en la denominada «zona en reclamación».

Se abría así un capítulo aún inconcluso para la reivindicación de los intereses territoriales lesionados por una decisión ilegal producto del chantaje y la fuerza. Lamentablemente, los gobiernos venezolanos posteriores no han tenido, a pesar de la retórica patriotera, la suficiente voluntad para impulsar las negociaciones y activar los mecanismos que permitan revertir el despojo. Por el contrario, han permitido que Guyana consolide actos de posesión y dominio que alejan aún más una solución a la controversia.

El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al declararse competente para conocer la demanda guyanesa en relación con la intangibilidad del fallo arbitral de 1899, contradice los principios bajo los cuales se constituyó esa instancia jurisprudencial internacional. Asimismo, vulnera su propia doctrina, la cual establece que se trata de un tribunal de jurisdicción voluntaria donde las partes en disputa deben aceptar previamente su competencia. Esto constituye una afectación directa a los intereses de Venezuela, reconocidos por el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Hacia una estrategia nacional

El Protocolo de Puerto España de 1970 —que congeló por doce años la reclamación— junto con la poca diligencia de las administraciones posteriores para buscar una solución negociada bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, debilitaron la posición venezolana. A esto se sumó el desinterés del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que, bajo los consejos de Fidel Castro, prefirió priorizar los votos del Caricom en la OEA, permitiendo que Guyana consolidara exploraciones y explotaciones mineras, madereras y petroleras que invaden incluso espacios de nuestra fachada atlántica, en lugar de sustentar con fuerza nuestro legítimo reclamo.

Hoy corresponde vertebrar una estrategia nacional coherente que permita revertir en los hechos el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Es imperativo devolver las negociaciones al diálogo directo entre la República de Guyana y Venezuela, bajo la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas y recurriendo a la metodología prevista en la Carta Fundacional de la organización, tal como quedó expresamente recogido en el Acuerdo de Ginebra.