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Fiscalía de Perú solicita impedir la salida del país a Dina Boluarte

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial restringir por hasta 36 meses la salida del país de la destituida presidenta, mientras avanzan tres investigaciones en su contra.

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Fiscalía de Perú solicita impedir la salida del país a Dina Boluarte
La exmandataria Dina Boluarte enfrenta múltiples investigaciones por corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.

La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial prohibir la salida del país, por un período de hasta 36 meses, a la expresidenta Dina Boluarte, destituida recientemente por el Congreso tras casi tres años en el poder.

El pedido se sustenta en tres de las once investigaciones abiertas contra la exmandataria por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos, cometidos durante su gestión al frente del Estado.

Boluarte fue apartada del cargo a falta de seis meses para las elecciones generales, tras perder el respaldo de los partidos de derecha que la sostuvieron desde su llegada al poder en diciembre de 2022, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.

La Fiscalía solicitó una restricción de 18 meses para las investigaciones por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y de 36 meses para el caso de lavado de activos.

Según el Ministerio Público, Boluarte «se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud y concretar el pago de beneficios sociales para un allegado del médico que le practicó cirugías estéticas».

En otra causa, se le atribuye haber participado en la «recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón», líder del partido Perú Libre, con el que Castillo y Boluarte llegaron al poder en 2021. La investigación también plantea que la exmandataria habría contribuido a que Cerrón eludiera la acción de la justicia tras ser condenado por corrupción.

Once causas abiertas y un proceso político complejo
La exgobernante afronta un total de 11 investigaciones fiscales, incluidas denuncias por la represión de protestas que dejaron decenas de muertos durante su mandato. Analistas coinciden en que la ofensiva judicial marca un punto de inflexión en la crisis política que atraviesa el país desde 2022.

De aprobarse la solicitud, Boluarte deberá permanecer en territorio peruano mientras avanzan las investigaciones. El caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la historia reciente del Perú.

Vía EFE

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