Australia restringe el acceso a redes sociales a menores

Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una decisión que encendió un debate global. La medida busca proteger la salud mental infantil, pero también plantea interrogantes sobre libertad, privacidad y educación digital.

La legislación, vigente desde diciembre de 2025, obliga a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X y Snapchat a impedir la creación o mantenimiento de cuentas de menores. Las empresas que incumplan enfrentan multas millonarias. El gobierno sostiene que la iniciativa responde a evidencias crecientes sobre ansiedad, depresión y acoso digital en jóvenes.

Desde el Ejecutivo australiano, el primer ministro Anthony Albanese afirmó que “las redes sociales no están diseñadas para niños” y que el Estado debe intervenir cuando la tecnología falla en protegerlos. Encuestas nacionales reflejan que cerca del 80 % de los adultos apoya la restricción.

Especialistas en salud mental infantil también respaldan la medida. Psicólogos y pediatras señalan que la exposición temprana a dinámicas de comparación social y contenido nocivo afecta el desarrollo emocional. Para ellos, la regulación representa un freno necesario ante plataformas que priorizan el tiempo de pantalla.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas de organizaciones de derechos digitales, educadores y jóvenes usuarios. Advierten que la prohibición puede generar aislamiento social, especialmente en adolescentes vulnerables que encuentran apoyo y comunidad en línea. También alertan sobre los riesgos de exigir sistemas de verificación de edad que comprometan la privacidad.

“La solución no es prohibir, sino educar”, señaló un investigador en tecnología de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Según esta postura, el problema radica en la falta de alfabetización digital y en la ausencia de acompañamiento adulto, no en las redes en sí mismas.

El debate ya trascendió Australia. Países como Reino Unido, India y Estados Unidos analizan medidas similares, mientras observan el impacto real de esta ley pionera. Gobiernos y expertos coinciden en que el bienestar juvenil se convirtió en una prioridad política.

Más allá de las posturas, la discusión deja una pregunta abierta: ¿debe el Estado limitar el acceso digital para proteger o confiar en la educación y la responsabilidad compartida? La respuesta, por ahora, sigue construyéndose entre familias, jóvenes y sociedades enteras.

Vía Gente de hoy/ABC/Time