Álvaro Uribe inicia prisión domiciliaria por fraude procesal

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), comenzó formalmente este martes el cumplimiento de una pena de 12 años de prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable de los delitos de coacción a testigos y fraude procesal. La sentencia fue emitida el pasado 1 de agosto y representa uno de los hitos judiciales más importantes contra un exjefe de Estado en la historia reciente del país.

Desde su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Uribe confirmó que compareció al juzgado de Rionegro, Antioquia, para formalizar su encarcelamiento domiciliario, el cual asegura estar cumpliendo desde el viernes 1 de agosto en su finca personal.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me habían citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, escribió el exmandatario.

Sanciones adicionales
Además de la condena de prisión, la sentencia inhabilita a Uribe para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días (más de 8 años), e impone una sanción económica de 861.000 dólares.

Origen del caso: de acusador a acusado
El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares que vinculaban al expresidente con grupos armados ilegales. Uribe reaccionó interponiendo una denuncia contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la denuncia, sino que abrió una investigación contra Uribe al considerar que existían pruebas de que él, o personas cercanas, habrían intentado influir en los testimonios.

La Fiscalía acumuló más de 1.500 páginas de pruebas documentales y 27.000 horas de interceptaciones telefónicas, donde se evidenciarían contactos irregulares con testigos encarcelados, presuntamente para obtener declaraciones a su favor.

Proceso judicial bajo presión
Durante los últimos años, el caso enfrentó numerosos intentos de cierre por parte de la Fiscalía. En tres ocasiones se intentó archivar el proceso sin llegar a juicio, pero los tribunales rechazaron tales solicitudes y permitieron que el caso avanzara hasta su desenlace judicial.

El fiscal del caso había solicitado la libertad provisional del exmandatario mientras se presentaba la apelación en otro tribunal, pero esta petición fue también negada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Uribe no se retira de la política
Pese a su situación judicial, Uribe, de 73 años, aseguró que seguirá participando en política con miras al proceso electoral de 2026. El líder del partido Centro Democrático mantiene una influencia considerable en sectores conservadores del país.

Durante su mandato presidencial, Uribe fue conocido por su política de “seguridad democrática”, con la que debilitó militarmente a las entonces insurgentes FARC, aunque su administración estuvo marcada también por polémicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y vínculos con paramilitares.

Vía TeleSur