Por: Eddi Gilberto Rosales Sannazzaro*.- LA MUERTE: En el Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se impone al Estado la obligación de proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. La información que da cuenta del “suicidio” del concejal Fernando Albán, tratándose de un preso político custodiado de manera directa, personal y extraordinariamente rigurosa por sus carceleros, atenta contra el sentido común. El incumplimiento de esa obligación, fuente aparente de la muerte del concejal precedentemente referido, es generador de responsabilidad penal, aun en el caso de que aquella no haya sido ocasionada intencionalmente por quienes estaban a cargo de su custodia.
En lo que al asunto atañe, las autoridades a las que les corresponde dirigir la investigación penal frente a un hecho que como ese ha de ser escrupulosamente esclarecido, deben obrar de manera comedida. El lenguaje empleado al suministrarle información al país sobre lo que al asunto concierne tiene un valor incalculable y debe ser el adecuado. Para el ministro Néstor Luis Reverol y para el Fiscal General de la República las cosas no comenzaron con buen pie. Al referirse a los hechos, con un evidente apresuramiento y sin que sus opiniones estuvieran sustentadas en el resultado obtenido con motivo de la práctica de alguna o algunas diligencias de investigación, ambos aludieron al “suicidio” del ciudadano cuya muerte ha conmocionado al país. Era lógico, más bien, que se refirieran, sin calificarla como suicidio u homicidio o sin catalogarla de una u otra manera, a la muerte del ciudadano en cuestión. Ese si constituía un hecho irrefutable. Hablar de suicidio u homicidio sin que existan bases serias para ello denota en aquel que lo hace una tendencia claramente definida en uno u otro sentido. La orientación de sus intervenciones a través de los medios de comunicación social, entonces, estaba claramente destinada a persuadir y convencer a la colectividad de que Fernando Albán había decidido poner fin a su vida.
Por si lo indicado fuera poco, al aludir a las circunstancias de lugar relacionadas con el asunto ambos funcionarios incurrieron en una contradicción indudablemente relevante. Aquellas a las cuales se refiere Néstor Luis Reverol son distintas a las descritas por Tarek William Saab. Pues bien, hay unos pocos metros de distancia entre la ventana a la que alude el titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y aquella a la que hace referencia el Fiscal General de la República. Es una distancia corta, tan corta como la que hoy existe en nuestro país entre la verdad y la mentira. Frente a lo ocurrido el estupor es global. Es necesario desplegar una investigación que no esté caracterizada por la opacidad ni inmersa el misterio. Nada mejor que una política de puertas abiertas para esclarecer lo sucedido.
DOBLE RASERO: Muchos de los opositores que piden la cabeza de la juez Luz Mariela Acevedo y de los que repudiaron el perdón que le confirió el diputado Gilbert Caro voltean hacia un lado cuando les hablan de Luisa Ortega Díaz, ese personaje del que afirman cuenta con un prontuario peor que el de aquella en materia de violación de derechos humanos pero que de cara al enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros desempeñó un papel protagónico actuando de la mano del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Obviamente, la distancia que existe entre la justicia y la venganza es extraordinariamente larga desde el punto de vista conceptual, pero es indiscutiblemente corta cuando existe odio de por medio.
SIMBOLOGÍA: El Senado chileno decidió reconocer la autoridad de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República y del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio como órgano jurisdiccional. Ese reconocimiento, sin embargo, no deja de ser simbólico. Todo trámite que comporte, por ejemplo, una solicitud de extradición hecha por el ejecutivo chileno ha de ser desplegado ante el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión respectiva, dilucidado el asunto, sin lugar a dudas y de conformidad con lo previsto en la ley, debe ser emitida por el ente presidido por el magistrado Maikel Moreno. En el ámbito interno, igualmente, no hemos tenido información alguna que nos permita aseverar que aquellos abogados que consideran ilegítimo al Tribunal Supremo de Justicia presidido por el magistrado anteriormente referido y que intervienen en algún proceso ante los órganos jurisdiccionales asentados en el territorio de la República, han recurrido, frente a decisiones que afecten o perjudiquen a sus representados, por ante los juzgados de instancia y para ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con la finalidad que sea éste el que conozca del asunto del cual se trate. La pregunta es ineludible: ¿Frente a qué tipo de asuntos han de considerarse legítimas las actuaciones desplegadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? En otro orden de ideas tampoco pueden explicar, dentro de los parámetros propios de esa concepción dominada por la estrechez, cómo es que Nicolás Maduro, de quien dicen abandonó el cargo que desempeñaba, que fue suspendido en el ejercicio del mismo, que fue enjuiciado y condenado y que en consecuencia no es presidente de la República, fue recibido y habló cual si lo fuera, ante sus pares, en la sede de la Organización de Naciones Unidas; se reunió con el Secretario General de ese ente y posteriormente recibió en el país a la Directora Regional de UNICEF. Definitivamente, el ejercicio de la actividad política requiere, entre otras cosas, de dos virtudes en peligro de extinción: coherencia y sensatez.
LOS EXTRAÑOS DESIGNIOS DE LA ILEGITIMIDAD: A aquellos que elaboran extrañas tesis acerca de la ilegitimidad del régimen, alegando, particularmente, que votar lo legitima, les es difícil explicar cómo es que los integrantes de la Organización de Estados Americanos, incluidos los miembros que se dicen aliados de la oposición venezolana, admiten en su sede la presencia del canciller Jorge Arreaza, admiten que se éste se exprese y además, consienten que vote en sus reuniones y asambleas. ¿No es ese, conforme a semejante visión, un acto que legitima al régimen que algunos niegan reconocer? Por si lo expuesto ni fuera suficiente tampoco pueden explicar qué ha de hacerse frente a una acción como la desplegada por la Asamblea Nacional Constituyente, ente indudablemente ilegítimo, al derogar la Ley contra Ilícitos Cambiarios, considerada inconstitucional por algunos expertos de la oposición. ¿Esa derogación de un texto revestido de inconstitucionalidad debe ser considerada nula por emanar de un ente ilegítimo? ¿También deben ser consideradas nulas las decisiones mediante las cuales se declaró la extinción de los procesos penales que se hallaban en curso y el otorgamiento de la libertad de los sujetos que eran procesados penalmente? Ese tipo de problemas se generan al concebir al mundo, exclusivamente, en blanco y negro.
APRENDIZAJE FALLIDO: La abstención, aun cuando sea mayoritaria, no genera efectos deslegitimatorios. La prueba más fehaciente al respecto la tenemos a la mano al analizar los resultados obtenidos con motivo de las elecciones del 4 de diciembre de 2005. Bajo la premisa de que la abstención masiva tornaría ilegítima a la Asamblea Nacional que resultara electa, la mayoría opositora, encabezada por sus líderes, decidió abstenerse de votar. Sin embargo, aun cuando la abstención opositora fue indudablemente brutal, ni la elección ni el resultado fueron considerados ilegítimos. Tampoco se produjeron efectos que nos permitan afirmar que el proceso electoral fue tenido como tal. Eso sí, quienes adversaban al oficialismo le cedieron a éste la totalidad de los cargos que habrían de ser ocupados. Los ganadores coparon todos los espacios y actuaron a lo largo del período correspondiente sin oposición ni control alguno. Definitivamente, quien se abstiene le confiere a su adversario la posibilidad de obtener la victoria, y dada la naturaleza del nuestro, la posibilidad de entronizarse en el poder, la de hostigar y perseguir a quienes disienten y la de violentar los derechos ciudadanos en lugar de preservarlos. No debemos apartarnos de la vía electoral. Ella ha de ser transitada como debe serlo la de la protesta callejera organizada. Afirmar que no vamos a participar porque nuestros adversarios harán fraude, es tanto como aseverar que no saldremos a la calle porque seremos reprimidos. En ambos casos las circunstancias son adversas, pero reversibles. Para aquellos que se abstienen alegando que no vale la pena votar por cuanto el ejercicio de la función pública por parte de los candidatos opositores electos será obstaculizado, baste afirmar que ellos, aun siendo cierto lo de la obstrucción, ni expropian, ni hostigan, ni persiguen… los otros sí. Hay procesos electorales cuyos resultados han constituido un punto de partida hacia la transición. Esa es una verdad tan incontrovertible como aquella según la cual, la abstención, aun siendo mayoritaria, nunca ha generado ni la ilegitimidad, ni la renuncia, ni la dimisión de aquel que obtiene la victoria.
*Fiscal emérito del Ministerio Público
eddirosales@hotmail.com
Eddi Gilberto Rosales Sannazzaro
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