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Califican el “ataque al centinela” como excusa para reprimir

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Tras la oleada represiva desplegada por los cuerpos de seguridad nacionales, el Estado también ha implementado la imputación de civiles mediante tribunales militares; una medida que a concepción de expertos en materia legal es inconstitucional y se utiliza para contrarrestar la nueva postura que ha tomado el Ministerio Público.

“Ataque al centinela” es el nombre del delito por el cual han sido detenidos, procesados y enjuiciados opositores aprehendidos durante las protestas. Sin embargo, para la exmagistrada del Tirbunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Mármol de León, esta medida no tipifica, pues un “ataque al centinela” se produce cuando se atenta contra un funcionario que esté resguardando una instalación militar, o un lugar de combate en una guerra.

“Hoy en día hasta por mirar mal a un militar, o no dejarte detener por él, te están adjudicando el ‘asalto al centinela’; similar a lo que se veía en 2014, que por cualquier circunstancia te culpaban por ‘instigación al odio’ o ‘asociación para delinquir’. Ahora, para llevárselos a la jurisdicción militar, imputan este tipo de delitos”, agregó la abogada y directora de Funcepro, Jackeline Sandoval.

Las expertas en derecho, también coincidieron en que los únicos delitos susceptibles a pasar a justicia militar son aquellos cometidos dentro de la sedes militares, que sean hechos por militares, o cuando en forma conexa se ven involucrados civiles y militares en el suceso.

El abogado y expresidente de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, Omar Estacio, indicó que este escenario representa la violación del debido proceso y a la figura del juez natural, el cual es un derecho de cualquier civil.

Además, Estacio aseguró que internacionalmente también representa una “aberración”, puesto que en tratados de Derechos Humanos se ha tipificado que un civil no puede ser juzgado por tribunales militares.

Los especialistas concluyen que la norma responde a intereses “represotorios” del Estado.

Sandoval destacó que el MP no tiene atribuciones ni competencias dentro de los tribunales militares, de modo que no podría derogar estos procedimientos.

Relataron los abogados, que los gobiernos de Hugo Chávez (1998-2013) y Raúl Leoni (1964-1969) también se presenciaron medidas similares.

Fuente: 2001

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