TSJ y Fiscalía chocan en una nueva jornada de protestas en Venezuela

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de desestimar un recurso introducido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en contra de la convocatoria a una Constituyente y la solicitud de la funcionaria de anular la designación de 33 magistrados, marcó este lunes 12 de junio una nueva jornada de protestas en el país.

Las decisiones y solicitudes de las dos instituciones se producen mientras en Caracas se desarrollaba hoy una nueva marcha opositora hacia la sede del Supremo para apoyar un recurso de la fiscal en contra de la Asamblea Nacional Constituyente a la que convocó el Gobierno para cambiar la Constitución.

Esa movilización degeneró en un enfrentamiento entre chavistas y opositores en las cercanías de la sede del Supremo tras conocerse que el máximo tribunal había rechazado el segundo recurso de Ortega Díaz, en contra del proceso constituyente promovido por el presidente, Nicolás Maduro.

“Por INEPTA acumulación de pretensiones, Sala Electoral del TSJ declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz”, indicó la máxima corte.

El TSJ señaló que el mecanismo legal introducido por la fiscal es inadmisible “por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas”.

Además, el Supremo consideró “inoficioso” pronunciarse sobre el amparo cautelar y la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del proceso constituyente, que también fueron interpuestos por Ortega Díaz.

Poco después de conocerse este fallo, Ortega Díaz, anunció que presentó una demanda de nulidad en el TSJ contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.

La funcionaria explicó que se trata de una “impugnación” contra 13 jueces principales y 20 suplentes que fueron escogidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando la Cámara todavía estaba bajo el poder del chavismo a fines de diciembre del 2015.

Señaló que ese proceso de designación de magistrados estuvo “mal hecho” y aseguró que ella se negó a firmar el acta de nombramiento de esos jueces lo que, dijo se explica en un informe que consignó ante el TSJ en el que se indican las supuestas “irregularidades” de ese evento.

Los magistrados que hoy objeta la fiscal fueron juramentados por el Parlamento chavista luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el oficialismo entregara el mando de esta instancia el 5 de enero de 2016 a la Cámara.

Ortega Díaz objetó este lunes la “legitimidad de origen” de estos magistrados y apuntó que este es un factor que a su juicio ha contribuido a que el Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país.

Hace un año, el Parlamento de contundente mayoría opositora aprobó dejar sin efecto el procedimiento de selección de esos magistrados y días después el TSJ anuló esa sesión de la Asamblea Nacional.

En abril pasado, la Asamblea aprobó activar el procedimiento para la remoción de siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo por tener “responsabilidad en la ruptura del orden constitucional” del país al haber asumido sus competencias en sus sentencias.

En ese momento, la bancada opositora aclaró que con ese debate se iniciaba este proceso, para el que, según la Constitución venezolana, se requiere el aval del Poder Ciudadano que incluye a la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, y por ello emplazaron a sus miembros a impulsar la iniciativa.

Entretanto, el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo hoy que Ortega Díaz no se opuso al nombramiento de estos jueces en su momento.

Las actuaciones de la fiscal han sido cuestionadas por el chavismo, que ha calificado los actos de la funcionaria como una traición.

Hoy, además, la funcionaria responsabilizó al Gobierno de Maduro de “cualquier daño” del que pueda ser objeto su familia al asegurar que ha recibido amenazas tras su distanciamiento del Ejecutivo.

La confrontación de los organismos se producen en medio de una ola de protestas que desde hace 73 días sacude a la nación y que ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.

Hoy la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) informó que 3.132 personas han sido detenidas desde el 1 de abril, 1.350 de los cuales continúan privados de libertad.

Fuente: 2001

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