Narváez: “Juicio militar a civiles viola la Crbv”

La puesta en marcha del Plan Zamora durante las manifestaciones y el proceso judicial militar al que se han sometido centenares de civiles “son medidas totalmente inconstitucionales”, a juicio de Rafael Narváez, abogado, exparlamentario y defensor de los Derechos Humanos.

El especialista asegura que la Carta Magna establece que los tribunales militares solo pueden procesar o enjuiciar a militares, por lo cual legalmente los civiles no deberían estar a su alcance.

Narváez indica que la presencia de los tribunales militares significa que las competencias y funciones del Ministerio Público están siendo invadidas y usurpadas.

“El ministerio público tiene que aparecer, buscar ser el garante de la legalidad; y velar porque la los tribunales castrenses se encarguen de procesar a militares, y no a civiles”, sentenció.

El exparlamentario explica que cuando “la justicia militar se instala en un juicio ordinario ocurre un desplazamiento hacia el Ministerio Público del conocimiento de los fiscales y el juez natural”.

Respecto a ello, Narváez dice que todos los venezolanos tienen derecho a un juez natural. “¿Qué significa eso?, que si yo como civil cometo un delito, y me va a acusar un funcionario del Ministerio Público, tengo derecho a que me acompañe un abogado defensor, a que estén las partes ahí presentes, y la víctima durante el proceso; pero además después de la audiencia preliminar, tengo chance de buscar mayores elementos de convicción que demuestren mi inocencia”, detalló.

Pero el abogado asevera que hoy en día este proceso no está ocurriendo. La figura del juez natural ha sido desplazada, y además algunos de sus abogados han tenido inconvenientes para defender a los acusados porque se les prohíbe su presencia durante las audiencias.

Represión desmedida. Sobre el Plan Zamora, el activista denuncia que es totalmente arbitrario, ya que ha sido desplegado por grupos élite de seguridad (como el Conas), que fueron entrenados para realizar operaciones de exterminio.

Aunado a ello, menciona que el Sebin ha violado el debido proceso, ya que sus detenciones o allanamientos no cuentan con un permiso judicial.

Fuente: 2001

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